La administración pública es una empresa con millones de trabajadores y de clientes. Todo el país depende de unos servicios esenciales que deberían poder controlarse de forma telemática.

El complejo proceso de digitalización de la administración está lejos de completarse, la conversión que se exige a las empresas solo puede ser viable en caso de una parte de la administración, pero no toda. Las pequeñas administraciones locales han sido las primeras en aprovechar los recursos necesarios para alejarse de la era del papel y empezar a trabajar online.

El complejo sistema que se necesita para llegar a cualquier habitante sea por ordenador o teléfono, no es sencillo, pero se está consiguiendo hacer lo imposible posible. Desde 2017 que existe el plan de digitalización de entidades locales por el cual han recibido subvenciones para poner rumbo a un servicio online de calidad que evite la acumulación excesiva de papel.

El gobierno está preparado para invertir 11.000 millones para digitalizar la administración pública entre 2021 y 2023. La llegada de la pandemia ha hecho más necesario que nunca el uso de nuevas tecnologías para poder realizar trámites desde casa.Una nueva era que llevaba años gestándose y ha acelerado algo que debería haberse producido hace tiempo.

La aceleración a causa de lo sucedido en los últimos meses es total, no hay marcha atrás, la administración se encamina a toda velocidad con la mirada puesta a un futuro en el que los trámites se puedan hacer desde casa y haya una interacción rápida y fluida entre el usuario y la administración.

La realidad se ha acabado imponiendo ante un proceso que deberá cambiarlo todo en unos años. La administración sigue el paso de las empresas, cierra sus ventanillas o las deja de recuerdo mientras pone a sus trabajadores a buscar otra manera de seguir realizando sus tareas diarias.

Se acabó el pedir hora a la administración de turno, ahora todo será mucho más sencillo, estará a un solo clic todo los tramites que se deben realizar fácilmente desde casa y sin ningún límite horario.

Llegar a este proceso que es casi idílico de la administración pública no es fácil, quedan algunos retos pendientes. Gestionar los datos personales de un gran número de personas requiere unos sistemas de seguridad adecuados.

Estas dos variables además del personal especializado o actualizado que será el encargado de realizar las tareas diarias capaces de gestionar cualquier incidencia y organizar todos los datos que se generan en cada solicitud o trámite.

La ciberseguridad será el gran reto al que la administración pública deba hacer frente. Un proceso que no siempre será fácil. La tecnología avanza a la velocidad de la luz y con ella los posibles incidentes que de ella se puedan desprender, es por este motivo, por lo que la inversión en ciberseguridad debe ir de la mano de la digitalización.

Sin este dúo ganador, la administración puede acabar teniendo serios problemas. La puerta abierta a los posibles robos de información está presente siempre y cuando no se cuente con los elementos de seguridad y tecnología necesaria para evitarlo.

Es imposible realizar ninguna gestión que no pase por la administración, clientes y empresas deben dar cuentas de las transacciones con la administración público y ahora podrán conectar con ella gracias a un sistema ágil de digitalización. Se trata de un ahorro total y absoluto de tiempo, recursos y personal, que podría ayudar a las arcas públicas a respirar. Además, de potenciar la seguridad física y digital de aquellas personas que realizan una serie de pasos en los que interviene la administración pública.

La FEMP (Federación Española de Municipios y Provincias) siguiendo la ley Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público que impulsaba la digitalización de las Administraciones públicas españolas trazó una hoja de ruta.

Esta base del sistema de digitalización común sirvió para alzarse con un plan durante los años siguiente. La explosión de las sedes locales y provinciales era una realidad, una avalancha de nuevos trámites online llegaron con la mejora de los sistemas de identificación.

Los documentos electrónicos eran una necesidad imposible de parar en una sociedad que ponía rumbo a la digitalización empezando desde las bases hasta lo más alto. Con altibajos y una pandemia de por medio el 2022 y 2023 serán los años de la máxima esplendor de la digitalización de la administración pública.